Las últimas décadas han sido cruciales para el ambiente, no solo en Colombia sino en todo el mundo, con la inminente aceleración del cambio climático. Esto ha presentado nuevos retos para la ciudadanía y para las organizaciones que se dedican a la preservación del ambiente, movilizándose a diario por los derechos de la naturaleza. En los últimos años se ha visto un fuerte activismo frente a la lucha contra el fracking, una técnica extractivista de petróleo altamente contaminante y detrimental para los recursos naturales.

La reciente autorización de licencias de fracking en Colombia ha puesto en evidencia las intenciones de las instituciones encargadas, que dan pie al fracking y a la destrucción de los ecosistemas con sus procesos, pero también ha permitido observar el poder de las voces ciudadanas que se unen para proteger la vida y el ambiente ante la creciente amenaza del fracking en el país.

La movilización ciudadana frente a este tema se ha mantenido desde 2012 cuando se luchó para detener el ingreso de las maquinarias extractivistas de explotación no convencional en el país. A partir de aquí la ciudadanía se ha opuesto repetidamente a la licitación de proyectos de fracking en diversas regiones del país. 

En 2018 se desató una movilización masiva en contra de los primeros 15 pozos de gas en Yacimientos No Convencionales que significaron la entrada de esas nuevas formas de extracción al país. Los esfuerzos ciudadanos culminaron en la creación de un  proyecto de ley para frenar este tipo de explotaciones de gas y petróleo, el cual fue objetado durante el gobierno de Iván Duque. 

El pasado 27 de marzo se reactivaron las alarmas cuando la ANLA le otorgó al Proyecto Kalé, de Ecopetrol, la licencia ambiental para ejecutar el primer piloto de fracking en el país. Las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que habitan el territorio santandereano, donde pretenden llevar a cabo esta primera exploración, han iniciado múltiples procesos legales ante la autoridad y han decidido movilizarse a lo largo de las semanas para defender las vías de acceso a sus municipios y sus recursos naturales, ya que no se ha respetado su derecho a la consulta previa sobre las posibles consecuencias de estos pozos en sus territorios.  

Afrowilches, una corporación que promueve y reivindica derechos étnicos y humanos, ha sido la principal impulsora de la tutela por el derecho a la consulta previa. Esta organización es además, parte de la comunidad habitante del territorio donde se pretende llevar a cabo el proyecto piloto y son quienes se han enfrentado directamente a las multinacionales e instituciones que pretenden entrar a su territorio. Gracias a su labor y al llamado ciudadano de las últimas semanas, un Juzgado de Barrancabermeja, Santander, ordenó suspender la licencia ambiental otorgada previamente por la ANLA a Ecopetrol para llevar a cabo el proyecto Kalé.

Hoy, la ciudadanía se sigue movilizando por la revocatoria total de las licencias de fracking en el país, para que se protejan los derechos de la naturaleza y de las comunidades santandereanas que históricamente han habitado estos territorios  Hoy la ciudadanía colombiana necesita acompañar de cerca los procesos jurídicos que se adelantan por los derechos de las comunidades de Puerto Wilches, para proteger la naturaleza y la vida en Colombia. 

#ColombiaSinFracking.