En medio del complejo panorama electoral que atraviesa el país la Registraduría procedió con la cancelación de más de 43.000 cédulas de personas colombo-venezolanas, sin brindar explicación a la población afectada. Entre los argumentos brindados para justificar la revocación de la ciudadanía  se encuentra el hallazgo de  irregularidades en los procedimientos de nacionalización.

En medio de una depuración del censo electoral, un grupo de 450 investigadores encontró que la documentación de la comunidad afectada presentaba múltiples problemas, como apostillas vacías o inválidas, motivo por el cual avanzaron con la cancelación de su cédula de ciudadanía. Frente a ese acto administrativo, la única solución viable  por parte de la institución para atender el llamado de las personas afectadas por la cancelación, es realizar una nueva inscripción en la Registraduría que cumpla con los actuales requisitos legales. Este proceso debe avanzar con la mayor celeridad para evitar la creciente brecha de xenofobia, injusticias y violaciones de derechos fundamentales como la identidad, la salud, el trabajo y la libre circulación de la ciudadanía colombo-venezolana.

Vale la pena además, entender la situación que atraviesan las personas afectadas tras la notificación recibida por parte de la institución, pues las diferentes Registradurías del país no están recibiendo los documentos para verificación, porque no existe un entendimiento frente a cómo proceder. Por este motivo las entidades optan por negar el derecho a la ciudadanía de quienes no presenten los documentos requeridos.

La confusión de las Registradurías, para responder ante las solicitudes de las personas afectadas, son agravadas por la falta de apostille de algunos documentos. Esto se debe a que entre 2016 y 2020 un Decreto Presidencial definió que algunos documentos no requerían apostille. Por lo tanto, la ciudadanía que realizó sus trámites en estas fechas no presenta esta autenticación, motivo por el  cual la Registraduría está bloqueando los procesos de solicitud. Desde diferentes escenarios la comunidad colombo-venezolana ha adelantado investigaciones que han permitido encontrar irregularidades en el acto administrativo de la Registraduría Nacional, como es el caso de una familia de cinco hermanos que presentaron la misma información base y solo a uno de ellos se le aplicó la sentencia de cancelación por parte de la Registraduría. 

Esta decisión vulnera el legítimo derecho a la nacionalidad colombiana por nacimiento de acuerdo al Artículo 94 de la Constitución Política de Colombia y afecta directamente la vida de las personas. Se han reportado diversos casos de pacientes oncológicos que tienen su tratamiento médico bloqueado por las irregularidades en la documentación, así como situaciones en la comunidad empresarial donde se tuvieron que interrumpir negociaciones de empresas por causa de las irregularidades. Además, debido a la cancelación de la documentación, la Policía Nacional ha detenido a la ciudadanía en cuestión trasladándola y reteniéndola por 36 horas, pese a no encontrarse en ningún tipo de flagrancia.

El Avispero exige que se respeten los derechos fundamentales y civiles de la ciudadanía colombo-venezolana, estableciendo rutas eficientes y expeditas para el restablecimiento de su documentación, sin que se les exija la presentación de pruebas documentales apostilladas y se les asegure el número de identificación que ya se les había sido asignado. 

¡Firma aquí por el reestablecimiento de derechos para la población afectada!