ABORTO PARA DECIDIR
Razones por las que la despenalización del aborto es una lucha por la garantía del derecho a poder decidir.
El 2021 fue un año muy importante para la despenalización del aborto en Colombia y gracias al esfuerzo de millones de mujeres y personas gestantes, se ha logrado posicionar el tema en la agenda pública. El 19 de noviembre de 2021 se cumplió un año de la interposición de la demanada para impulsar la despenalización del aborto en Colombia, por parte del Movimiento Causa Justa. Para el mes de octubre, la Sala Plena de la Corte Constitucional ya tenía planeado en su agenda discutir sobre la demanda, no obstante, el impedimento de uno de los magistrados retrasó el debate por un mes. A pesar de estas dilaciones, la lucha de las mujeres y de las personas gestantes para poder decidir sobre sus cuerpos sigue en pie.
El aborto es legal en Colombia desde el 2006, cuando por medio de la sentencia C-355 sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) la Corte Constitucional reglamentó el aborto bajo tres causales:
- Cuando la vida o la salud, incluso la mental, de la madre se encuentra en riesgo.
- Cuando el embarazo es fruto de una violación o incesto.
- Si el feto cuenta con alguna malformación que haga inviable su vida.
En los demás casos, el Código Penal sentencia a las personas que aborten con hasta 54 meses de prisión.
La penalización del aborto es supremamente discriminatoria, pues es un crimen que recae principalmente sobre niñas, mujeres y personas gestantes, así como sobre las personas más vulnerables, aquellas personas que no necesariamente cuentan con los recursos o la información necesaria para acceder a servicios de salud y abortos seguros. Muchas mujeres, niñas y personas gestantes, principalmente en países en desarrollo, no tienen control sobre sus vidas sexuales, ya que carecen de educación sexual, se les prohíben los métodos de planificación familiar o no pueden gozar sus derechos sexuales y reproductivos.
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 evidenció que dos de cada cinco participantes reconocían la necesidad de contar con mejor educación sexual y mayor acceso a información sobre asuntos relacionados con la sexualidad. Adicionalmente, el DANE ha reportado un importante aumento en la tasa de embarazo de niñas menores a 14 años, la cual en los primeros 7 meses del 2021 fue 9,6% más alta que en el mismo periodo en el año anterior. Esto se suma a que actualmente más del 25% de las personas criminalizadas por abortar son menores de edad, dejando a muchas niñas y personas gestantes de esas edades sin la capacidad de decidir sobre su cuerpo y su maternidad y exponiendolas a exclusión social o abortos inseguros.
La desigualdad de género, las normas culturales y la pobreza son factores que limitan las oportunidades de decisión de las personas sobre su sexualidad. El aborto legal y gratuito es una importante alternativa para devolverle a una persona el control sobre su cuerpo y sus derechos sexuales.
Además el delito de aborto es ineficaz, pues en muchos casos no evita que las personas aborten, sin embargo, la penalización sí fomenta la realización de abortos en condiciones cladestinas e inseguras. La Organización Mundial de la Salud estima globalmente que se realizan 22 millones de abortos en condiciones inseguras al año. La mayoría de estos ocurren en países del sur global, en los cuales el ejercicio del derecho está penalizado o presenta restricciones que dificultan el acceso a abortos seguros. Según el Instituto Guttmacher, en Colombia un 33% de abortos clandestinos tienen complicaciones que requieren atención médica, situación que aumenta a un 53% si hablamos de personas en zonas rurales. De todas las personas en áreas urbanas que presentan complicaciones post-aborto, una quinta parte no recibe la atención médica que requiere, en el campo el número asciende a casi la mitad.
El Instituto Guttmacher además afirma que en las instituciones legales procedimientos abortivos como el de Dilatación y Curetaje (D&C) tiene un costo de US$200 dólares ($804.255,80 pesos), y aquellos en los que se usa la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o aborto con medicamentos cuestan alrededor de US$45 dólares ($180.957,55 pesos). Sin embargo, los centros de salud que ofrecen atención en abortos suelen utilizar más la técnica D&C, aunque la AMEU sea más segura y menos costosa. De esta manera evidenciamos que no sólo pone en peligro la salud y la vida de millones de personas cada año, sino que también genera importantes gastos para el sistema de salud, producto de las intervenciones clandestinas.
Autonomía de las mujeres y personas gestantes
Según datos de la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, entre 2005 y 2017, 2.290 mujeres fueron criminalizadas por el delito de aborto, de las cuales 502 eran menores de edad. Estas personas fueron penalizadas por elegir sobre su propio cuerpo, un acto que vulnera su autonomía y desconoce sus derechos reproductivos. La jurisprudencia que penaliza el aborto y fue creada principalmente por hombres, no responde a las necesidades de las personas gestantes, por lo cual es imperativo el desarrollo de un nuevo marco normativo que incluya las voces de quienes durante décadas han exigido tener el derecho a elegir sobre sus cuerpos.
Hablar sobre el aborto es un acto de liberación, que tras décadas de silencio y violencia, es una paso fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres y personas gestantes, desestigmatizar el aborto y la maternidad como decisión.
Seguiremos en la búsqueda de una Colombia en donde todas las personas tengan el derecho de decidir sobre sus cuerpos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter como @elavisperomov.
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